Impuestos al Límite ¿Asfixia o Equilibrio?
La industria vitivinícola argentina, un pilar económico y cultural, enfrenta un desafío crítico: la alta presión impositiva que recae sobre toda su cadena de valor. Informes recientes han puesto en evidencia cómo los impuestos al vino se llevan una parte sustancial de la rentabilidad de fincas y bodegas, impactando directamente en la competitividad del vino argentino y el desarrollo del sector. Esta situación genera una profunda preocupación entre productores y empresarios, quienes advierten sobre las graves consecuencias a mediano y largo plazo.
Según un estudio detallado presentado por la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), la carga tributaria en Argentina asciende a entre el 57% y el 62% del resultado final de una finca o una bodega. Este porcentaje es alarmante, especialmente si se compara con países competidores directos en el mercado global del vino. Por ejemplo, en Chile, un productor o bodega enfrenta una presión impositiva que es, en promedio, la mitad de la que se registra en Argentina. Esta disparidad en los costos fiscales del vino pone en desventaja a la vitivinicultura argentina a la hora de competir en los mercados internacionales y hasta en el propio mercado interno del vino.
La composición de esta carga impositiva al vino es compleja y abarca múltiples niveles. Se incluyen impuestos nacionales, provinciales y municipales que afectan cada etapa de la producción y comercialización del vino. Desde gravámenes sobre la tierra y la producción primaria de uva, hasta los impuestos sobre la elaboración, el fraccionamiento, el transporte y la venta final del vino. Esta superposición de tributos genera un cuello de botella financiero que reduce drásticamente los márgenes de ganancia, limitando la capacidad de inversión y reinversión en un sector que requiere constante actualización tecnológica y adaptación a los desafíos climáticos.
Las consecuencias de esta situación son variadas y preocupantes. La baja rentabilidad en la vitivinicultura afecta en primer lugar a los pequeños y medianos productores, quienes tienen menos espalda financiera para afrontar un esquema impositivo tan exigente. Esto puede derivar en el abandono de fincas vitícolas o en la dificultad para modernizar viñedos e infraestructura. A nivel de las bodegas, la menor rentabilidad impacta en la capacidad de innovar, de realizar campañas de promoción del vino ambiciosas y de expandirse en nuevos mercados. En última instancia, esta presión impositiva puede trasladarse a los precios finales de los vinos, afectando el consumo interno y la competitividad de los vinos argentinos frente a opciones importadas.
La industria del vino en Argentina, a través de sus principales instituciones como COVIAR, ha manifestado reiteradamente su preocupación y la necesidad urgente de revisar este esquema tributario. Entienden que una reforma fiscal que alivie esta carga es fundamental para asegurar la sostenibilidad de la vitivinicultura y permitir que siga siendo un motor de desarrollo regional, generador de empleo y un embajador clave de la Marca Argentina en el mundo. El futuro del vino argentino dependerá en gran medida de la capacidad de encontrar un equilibrio fiscal que fomente su crecimiento sin asfixiar su potencial.
