El achique del Estado frente a los fallos del mercado: ¿una motosierra sobre la justicia social?
Por Betina García – Opinión
El Decreto 462/2025, recientemente firmado por el presidente Javier Milei, transforma al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en entes públicos no estatales, como parte de una estrategia más amplia de “achicamiento del Estado”. Esta decisión se enmarca en la lógica de la “motosierra” que Milei ha convertido en emblema de gestión, apuntando a eliminar lo que considera un Estado obeso, ineficiente y paternalista. Sin embargo, vale preguntarse: ¿puede el mercado por sí solo garantizar el desarrollo, la equidad y la innovación en sectores clave como la vitivinicultura o la agroindustria?
Históricamente, organismos como el INV y el INTA no nacieron por capricho burocrático, sino para corregir fallos estructurales del mercado. En el caso del INV, para asegurar la trazabilidad, calidad y control público sobre una economía regional estratégica. En el caso del INTA, para promover investigación, transferencia tecnológica y extensión rural donde el interés privado suele estar ausente: pequeños productores, regiones alejadas, cultivos no rentables, desafíos ambientales. Ambos organismos de alto impacto en la matriz económica de Mendoza en particular y de la Región de Cuyo en general.
Desde la teoría económica —incluida la liberal— se reconoce que hay situaciones donde el mercado falla: externalidades negativas, bienes públicos, información asimétrica, concentración oligopólica, falta de incentivos de largo plazo. Es allí donde la intervención estatal se vuelve necesaria, no como paternalismo, sino como garantía de equilibrio, desarrollo y justicia social. Desde allí, surgen estas herramientas (INTA e INV) que bien aplicadas, generan condiciones sanas y señales concretas para la inversión privada.
Transformar estos entes en figuras más autónomas, con mayor flexibilidad operativa, no es en sí negativo. Puede generar eficiencia, modernización, agilidad. Pero si esta transformación implica desfinanciamiento, pérdida de presencia territorial o captura por intereses corporativos, el riesgo es grave: dejar sin apoyo a quienes más necesitan del Estado como compensador de desigualdades.
La pregunta de fondo no es cuánto Estado necesitamos, sino qué Estado necesitamos. ¿Uno que desaparece en nombre de un mercado idealizado? ¿O uno que regula, equilibra y promueve condiciones mínimas para un desarrollo sustentable y equitativo?
Motosierra vs. Bisturí: dos visiones del ajuste del Estado
La política de motosierra, sin un análisis minucioso y concienzudo de todos sus efectos, directos e indirectos, puede terminar en un recorte brusco, generalizado y sin distinción, sustentado sólo en la premisa de que todo gasto estatal es sospechoso de ineficiencia. Es rápida, ruidosa y efectiva para reducir números en el corto plazo, pero corre el riesgo de desmantelar instituciones clave, destruir capacidades construidas y generar efectos regresivos.
En cambio, una política de bisturí parte de un diagnóstico fino: distingue entre lo superfluo y lo estratégico, entre lo que puede optimizarse y lo que debe protegerse. El bisturí no niega la necesidad de ajustes, pero los hace con precisión, cuidando los órganos vitales del Estado: ciencia, tecnología, producción, educación, inclusión.
En definitiva, una cirugía mal hecha puede ser más peligrosa que la enfermedad. Gobernar es administrar recursos, sí, pero también prioridades. Y en ese arte, la inteligencia política debe sostener tanto el equilibrio fiscal como la justicia social.
